El riesgo regulatorio en Latinoamérica es dinámico y altamente punitivo. Operar con un proveedor sancionado o que incumpla normativas fiscales puede resultar en multas millonarias, bloqueo de operaciones y daño reputacional irreversible.
En Colombia, las multas por incumplir SAGRILAFT pueden alcanzar los $2.600 millones COP (Resolución 4607 de 2026). En México, operar con servicios especializados sin REPSE expone a sanciones de hasta $5,4 millones MXN. En Perú, contratar proveedores con condición "No Habido" en SUNAT genera contingencias tributarias graves y pérdida del crédito fiscal del IVA.
Este checklist consolida los requisitos críticos por país en un solo documento accionable, listo para usar por tu equipo de Compras, Compliance y Legal.